Este libro de James Harris se concentra en el período del terror stalinista de los años treinta, aunque previamente hace un recorrido por el uso de la represión sistemática en la etapa de la conformación del poder zarista y en la revolución bolchevique, para resaltar que la violencia estatal fue una constante en la vida rusa.
Pero el acento está, claramente, no en la personalidad de Stalin sino en la dinámica del sistema socialista, en la que un poder sin límites pudo desplegar una ola de purgas contra la élite y personas comunes. En esto, Stalin heredó prácticas que venían de períodos precedentes, y también la maquinaria que supo montar Lenin durante la guerra civil. El autor establece con acierto un contexto de sensación de aislamiento y percepción de hostilidad externa hacia la Unión Soviética, que muchas veces utilizaron otros países para alimentar esa histeria paranoica del stalinismo.
Lo cierto es que el socialismo soviético, como tantos otros sistemas de planificación central, al anular los mecanismos de la economía de mercado, creó un complejo mecanismo estatal que se tornó burocrático, ineficaz y destructivo de todos los incentivos para la producción. El mantenimiento de la NEP (Nueva Política Económica) en el largo plazo, hubiera significado la admisión de que el mercado es más eficiente en la producción y distribución de bienes básicos para el consumo de los habitantes. La NEP salvó de la muerte por inanición a millones de habitantes, a diferencia del comunismo de guerra de la primera etapa bolchevique. No obstante, Stalin era consciente de que necesitaba un golpe de rumbo para emprender la acelerada industrialización de la URSS, pero se enfrentaba a un problema básico del marxismo: ¿cómo se acumula capital en una economía de planificación central, sin propiedad privada? La respuesta de Stalin fue la colectivización de la agricultura en las granjas colectivas (koljoz), con lo cual obtenía divisas por la exportación de productos y las volcaba a la industrialización. De este modo, Stalin concentraba más poder y libraba una lucha de clases contra el kulak, que reemplazaba o encarnaba de un nuevo modo al burgués. Toda crítica a su política era observada como un delito, ya que tanto los opositores por izquierda -Trotski, Zinoviev, Kamenev-, como los más prudentes como Bujarin, eran tildados y perseguidos como criminales contrarrevolucionarios. En este sentido, comparto la postura del autor en subrayar que no se trataba de una cuestión de rasgos personales de Stalin, sino en un sistema que se nutría de una visión conspiratoria, que le permitía justificar sus mecanismos de opresión en todos los niveles. Toda falencia personal, todo error, era explicado a través de la idea de la conspiración contra el sistema socialista, desde dentro y afuera, con enemigos agazapados en un vasto complot.
Pero el gran despliegue del terror, con juicios sumarios y rápidas ejecuciones, se dio a partir de 1934 con el asesinato de Sergei Kirov, líder del Partido Comunista de Leningrado. Si bien todo apunta a que se trata de un homicidio sin ramificaciones, Stalin interpretó que se trataba de una vasta conjura contra él. Una gran cantidad de funcionarios fueron víctimas de la persecución de la NKVD, la poderosa seguridad soviética, que utilizaba la tortura como un mecanismo habitual para la extracción de confesiones. Se desató una ola de acusaciones y delaciones, en el que cualquier acto fallido era considerado un sabotaje. Como todo régimen del terror, también llegó a los propios actores que lo impulsaban, como Iagoda o Ieshov, y fue utilizado para desestabilizarlo desde afuera, como fue la invención de información sobre el mariscal Tujachevski por parte de Reinhard Heydrich, de la Sicherheitsdienst, para provocar el descabezamiento de las fuerzas armadas soviéticas.
En 1938 se fue aplacando esta ola de purgas, ya que la atención se centró fundamentalmente en el escenario europeo. La inminencia de una guerra y la necesidad de armarse ante un hecho que Stalin consideraba inevitable, puso paños fríos al terror rojo. Stalin estaba seriamente preocupado por peligros desde Asia Oriental, desde inicios de los años treinta, con una eventual invasión japonesa, así como desde Occidente por parte de países como Alemania, Polonia, Rumania, Finlandia y los países bálticos.
El libro resume adecuadamente la política represiva del régimen comunista, así como la preocupación de Stalin de ataques externos, presentándolo en un panorama amplio. Recomendable para quien busque adentrarse en los pormenores de la historia soviética.
James Harris, The Great Fear: Stalin's Terror of the 1930's. Oxford, Oxford University Press, 2016.
Cómo retribuir a las víctimas de un sistema totalitario que duró cuatro decenios, con la hiperpolitización de la vida cotidiana en todos sus aspectos, fue uno de los capítulos más complejos de las transiciones del comunismo a la democracia liberal en el continente europeo.
En este caso, el autor se centró en Checoslovaquia y, más específicamente, en la República Checa y cómo influyó en el desarrollo de la democracia en los años siguientes a la revolución de terciopelo. Es un caso muy singular en Europa, ya que fue un país ocupado -pero no devastado- por la Alemania nazi entre 1939 y 1945, y luego del golpe de estado comunista de febrero de 1948, quedó como un satélite de la Unión Soviética hasta fines de 1989, cuando el régimen socialista se desmoronó en la revolución de terciopelo.
A partir de 1990 comenzó un proceso de restitución de propiedades a los herederos de aquellas personas que fueron perjudicadas por la implantación del régimen socialista a partir de 1948, así como muchos antiguos disidentes y prisioneros políticos recibieron una indemnización. Se hicieron públicos los listados de aquellos que fueron parte o colaboraron con la Seguridad del Estado (StB), el organismo de seguridad interna que vigilaba, acechaba y detenía a los opositores al régimen. Se aplicó, a partir de 1991, la lustración, por la cual antiguos miembros de la StB y destacados miembros del PC checoslovaco, no pudieron ocupar más funciones en el Estado. En 1993, a instancias de la coalición gubernamental de centro-derecha en República Checa, se votó favorablemente la ley de declaración de ilegitimidad del régimen comunista. Hubo, entonces, varias decisiones que significaron retribuciones o reconocimientos tanto en el plano material como en el simbólico. No obstante, para muchos antiguos disidentes, estas medidas no fueron suficientes, ya que persistió el aislamiento social que habían padecido durante el régimen socialista. Y percibían, además, que antiguos miembros del PC y de la StB no fueron debidamente sancionados.
El antiguo Partido Comunista checoslovaco no cambió su nombre ni su ideología, tan sólo su nombre por el de Partido Comunista de Chequia y Moravia. Preservó, de este modo, un caudal electoral más o menos estable a lo largo de los decenios, y apenas esbozó una tibia disculpa que, para sus afiliados, fue más que suficiente. Pero en términos generales, este PC se mantiene férreo en su defensa nostálgica del régimen totalitario. Sus miembros desconocen abiertamente las violaciones contra los derechos individuales y se lamentan de que las propiedades que tuvo esta fuerza política hayan sido convertidas, por los gobiernos democráticos, en hoteles o residencias.
El autor hizo numerosas entrevistas con antiguos detenidos políticos, miembros de la StB y el PC, así como ciudadanos comunes, para analizar las perspectivas, y señala que considera que a partir de 1990 no hubo una política que buscara la reconciliación, que sólo podría salir como resultado del reconocimiento y disculpa de los miembros del PC y del conocimiento de la verdad sobre la opresión durante cuatro decenios en ese país centroeuropeo.
Se trata de un trabajo minucioso, sistemático y analítico de los procesos de justicia en Chequia, una obra que debe ser tenida en cuenta para comprender no sólo el pasado y presente de esa nación, sino también como herramienta de comparación con otros países que atraviesen situaciones similares.
Roman David, Communists and Their Victims: The Quest for Justice in the Czech Republic. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2018.
El libro de Martín Castro recorre la historia política argentina en los inicios del siglo XX, cuando Julio A. Roca deja su segunda presidencia y comienza un proceso de profundas mutaciones dentro de las fuerzas conservadoras. Y lo hace con criterio analítico, erudición, respaldado con amplia documentación, manteniendo un buen ritmo para el lector. La tarea comienza con la crisis del PAN o Partido Nacional en 1901, cuando el entonces senador y ex presidente Carlos Pellegrini se distancia del presidente Julio Roca, con motivo del debate por la unificación de la deuda. En esas tensas jornadas de discusión parlamentaria, la opinión pública despertó y salió a las calles para expresar su desacuerdo con vehemencia. Roca retiró el proyecto del Congreso, y Pellegrini se sintió desairado en su defensa del mismo. Martín Castro le otorga especial significación a este debate parlamentario, por las consecuencias que tuvo tanto para la unidad del Partido Nacional, claramente hegemónico desde 1880 en Argentina, como para expresar el descontento de buena parte de la opinión pública. A su criterio, este fue el detonante de la reforma electoral de 1902 que impulsó Roca, de circunscripciones uninominales, que contó con el ministro Joaquín V. González como principal expositor del Poder Ejecutivo. El debate parlamentario de la reforma electoral de 1902 no sólo contemplaba el establecimiento de circunscripciones uninominales para la elección de diputados nacionales, electores de presidente y electores de senador nacional por la Capital Federal, sino también el voto secreto, nuevas sanciones ante su incumplimiento y el sufragio para los extranjeros que fueran propietarios o profesionales universitarios -esta última modificación fue rápidamente dejada de lado por los diputados-. Para Martín Castro, el eje de esta reforma fue el estado de la opinión pública en 1901 y la ruptura del Partido Nacional. La fragmentación del sistema de partidos en Argentina, sumado a que el sistema de lista completa bloqueaba el acceso de las minorías al Congreso, llevaba a un juego de personalismos y facciones que el Partido Nacional utilizaba para neutralizar a algunos sectores opositores a través de acuerdos para integrar listas comunes, como era el caso con la mitrista Unión Cívica Nacional.
Carlos Pellegrini creó el Partido Autonomista en 1903, en tanto que el mitrismo se reagrupó en el Partido Republicano, liderado desde 1902 hasta 1909 por Emilio Mitre. Julio Roca tenía las riendas del Partido Nacional, que en rigor no era una formación orgánica y estructurada, sino una alianza de situaciones provinciales y gobernadores. Ante la proximidad de una nueva elección presidencial, el oficialismo propició la llamada "Convención de notables", en la cual se elegiría una fórmula de consenso. El pellegrinismo intentó, en vano, tomar el control de esa convención, que terminó impulsando la candidatura de Manuel Quintana para el sexenio 1904-1910.
El autor analiza la configuración del gobierno de Quintana, el realineamiento de las fuerzas opositoras en la Capital Federal -el pellegrinista Partido Autonomista y el mitrista Partido Republicano, que forman la Coalición Popular-, la influencia de diarios como La Nación y La Prensa, así como el retorno a la lista completa con la reforma electoral de 1905. El fallecimiento del primer magistrado y el ascenso de Figueroa Alcorta a la presidencia entre 1906 y 1910, retrata el desmantelamiento del sistema roquista y la agonía del PAN, sostenido por los gobernadores provinciales. El presidente Figueroa Alcorta busca apoyos en el antirroquismo en el universo conservador, sumando a figuras como Estanislao Zeballos y Roque Sáenz Peña, así como promovió a personas de su cercanía.
Fue Roque Sáenz Peña quien logró tejer una alianza de sectores unidos en su rechazo a Julio Roca y su sistema partidario: antiguos juaristas, políticos católicos, sectores empresariales que no habían contado con el apoyo roquista. De este modo, Sáenz Peña formó la Unión Nacional aunque no logró organizarla como partido político orgánico. Los gobernadores provinciales acompañaron con reticencia, sin presentar un candidato alternativo.
Los partidos de cuadros, "orgánicos", eran la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. El primero se estaba reorganizando desde 1903 e hizo una revolución en 1905 contra Manuel Quintana, infructuosamente, aunque logró mostrar la capacidad operativa del partido. Los socialistas, por su parte, no lograban salir del ámbito estrecho de la ciudad de Buenos Aires.
La Ley Sáenz Peña, que estableció el voto obligatorio y secreto y el sistema de lista incompleta, supuso un intento de "regeneración moral" que alentaban los sectores antirroquistas, que veían en Roca la suma de todos los males: los católicos, desde la moral; los conservadores antirroquistas, como una reparación histórica al ser desplazados durante tantos años. Fue la acción del presidente Sáenz Peña la que posibilitó que el Congreso aprobara su reforma, que fue puesta en vigor a partir de las elecciones legislativas de 1912.
Las fuerzas conservadoras, en su conjunto, fueron incapaces de amalgamarse en torno a un solo partido político común, ya que comenzaron a competir entre ellas, lo que favoreció el triunfo de la UCR en sucesivos comicios. La creación del Partido Demócrata Progresista fue puesta en jaque por el gobernador bonaerense Marcelino Ugarte, sin advertir que se abría un nuevo escenario político con las reglas del juego que habían cambiado.
Un libro necesario y recomendable para comprender esta etapa de grandes mutaciones de la vida política argentina, cuya lectura sugiero para adentrarse en la complejidad de nuestra historia.
Martín O. Castro, El ocaso de la república oligárquica. Buenos Aires, Edhasa, 2012.
